Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, en conmemoración de la fecha en que el presidente Kennedy reconoció en un discurso la indefensión de la ciudadanía en asuntos relacionados con el ámbito del consumo. Eso ocurría un 15 de marzo de 1962. El 15 de marzo de 2014 la Plataforma de la Organización de Mediadores e Informadores de Consumo (OMICSunidas), en colaboración con las Asociaciones de Técnicos de Consumo de Andalucía y Castilla la Mancha, lamenta que tantos años después de aquel discurso nuestros dirigentes políticos pongan en peligro todos los logros conseguidos en esta materia y espera que esta efeméride sirva para que reconsideren su postura.

OMICSunidas recuerda que nuestra Constitución establece, en su artículo 51, que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios y que para ello no basta con una normativa que les otorgue derechos, sino que es imprescindible que existan cauces eficaces para hacer valer esos derechos, y organismos que velen por el cumplimiento de esa normativa. En esta labor, destaca el papel de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), que son las más cercanas al ciudadano, al que informan, asesoran y ayudan a resolver sus problemas con las empresas. Todo ello de forma gratuita y con las garantías de imparcialidad y profesionalidad propias de un servicio público.

Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se teme la desaparición de las OMIC, ya que esta ley retira a los ayuntamientos como competencia propia la defensa de usuarios y consumidores, sin recoger ninguna previsión que garantice la continuidad de estos servicios.

La Plataforma considera que la existencia de servicios de consumo en las Comunidades Autónomas no es suficiente para garantizar la efectividad de los derechos de consumidores y usuarios y apunta, entre otras razones, a la falta de personal suficiente en la Administración autonómica para atender el volumen de consultas y reclamaciones que tramitan las OMIC, así como la dificultad, el tiempo y el coste que supondría el desplazamiento para los consumidores.

Esta reforma articula dos vías para el mantenimiento de los servicios creados en el ejercicio de las competencias que ahora se eliminan del ámbito municipal (consumo, servicios sociales, educación, sanidad…): la delegación o la asunción por el Ayuntamiento. La primera opción requeriría que la Comunidad Autónoma (Administración competente en materia de consumo) decidiera delegar su competencia en los municipios, pero para ello tendría que financiar el servicio al 100%. Para que los Ayuntamientos asumieran la competencia y pudieran continuar defendiendo a los consumidores, serían necesarios tanto un informe económico de sostenibilidad como un informe que acredite que no existe duplicidad de competencias.

OMICSunidas recalca que existen, por tanto, vías para el mantenimiento de las OMIC (y del resto de servicios afectados por esta reforma), pero que para ello tiene que existir voluntad política y apoyo ciudadano. Hasta ahora han encontrado poca voluntad política, ya que no han recibido respuesta alguna de los ministros a los que se han dirigido ni de los presidentes de las Federaciones de Municipios y Provincias ni de la mayoría de los representantes de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, valoran positivamente las respuestas de los Directores Generales de Consumo de Andalucía, Canarias y Asturias y los pronunciamientos aislados de algunos Ayuntamientos, así como la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la citada ley. Ante esta situación, la Plataforma confía en que los ciudadanos continúen dándoles el apoyo que siempre han mostrado a los técnicos de consumo, que levanten su voz para pedir a los políticos el mantenimiento de las OMIC y que no permitan que comience una marcha atrás en la defensa de sus derechos, camino de la situación que denunciaba Kennedy el 15 de marzo de 1962.